Según informó el Ministerio Público, durante el
proceso se demostró que el entonces funcionario habría condicionado la
continuidad laboral de una profesional, solicitándole favores de índole sexual
a cambio de no perjudicar su evaluación y permitir la renovación de su
contrato.
Los hechos ocurrieron en mayo de 2023. De acuerdo
con la acusación fiscal, ante la negativa de la trabajadora, el hoy sentenciado
habría tomado represalias, desaprobándola mediante una evaluación que
posteriormente fue cuestionada.
Entre los principales elementos probatorios
presentados durante el juicio se encuentran la declaración de la víctima,
grabaciones de audio, testimonios de trabajadores y una pericia grafotécnica
que habría confirmado irregularidades en el expediente de evaluación.
Además de la pena privativa de libertad, la
sentencia de primera instancia dispuso cinco años de inhabilitación, el pago de
S/ 5,000 por reparación civil a favor del Estado y una multa equivalente a 365
días, valorizada en S/ 3,117.10.
El caso marca un importante precedente en la lucha
contra los actos de corrupción y abuso de poder dentro de las instituciones
públicas.
