La Comisión de Justicia, presidida por Catherin
Palomino, aprobó el dictamen para derogar la llamada Ley Rospigliosi y
recuperar el control de la justicia ordinaria sobre los presuntos delitos
cometidos por policías y militares. La propuesta busca que estos casos puedan
ser investigados y juzgados por fiscales y jueces civiles, sin privilegios
especiales.
El dictamen también plantea recuperar el papel de
la Fiscalía en las investigaciones y modificar las reglas que permitían que
determinados procesos se archiven por el paso del tiempo. El objetivo es poner
freno a normas cuestionadas que, según sus críticos, terminaron favoreciendo la
impunidad y debilitando la lucha contra la corrupción.
Con estas decisiones, la Comisión de Justicia
empieza a desmontar parte de las normas aprobadas por el Congreso anterior con
respaldo del fujimorismo y sus aliados. La justicia no puede tener puertas
especiales para quienes ostentan poder o uniforme, y el mensaje desde la
comisión es contundente, quien cometa un delito debe responder ante la
justicia.
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