Junín y la macro región
centro se declararon en pie de lucha. El Comité Multisectorial para la Nueva
Carretera Central (NCC) demandó ayer el cumplimiento irrestricto del acuerdo de
Gobierno a Gobierno (G2G) con el Estado francés y la continuidad de la PMO Vías
en la asistencia técnica del megaproyecto vial.
Integrantes
del Comité Multisectorial, autoridades y el Gobierno Regional de Junín
exigieron a al Poder Ejecutivo dejar sin efecto la resolución del contrato de
asistencia técnica con la empresa francesa Egis y rechazaron la ejecución de la
obra bajo la modalidad de Asociación Público-Privada.
Autoridades regionales,
alcaldes, gremios y organizaciones sociales advirtieron que la resolución del
contrato con la PMO Vías pone en grave
riesgo la ejecución de la nueva Carretera Central “Daniel Alcides Carrión” y abre la puerta a retrasos, cambios de modalidad y
pérdida de control técnico del proyecto.
Zósimo Cárdenas Muje, gobernador regional de Junín, , encabezó la
reunión y rechazó la posibilidad de que el Ministerio de Economía y Finanzas
(MEF) traslade la obra a ProInversión para ejecutarla bajo una Asociación
Público-Privada (APP). “No
queremos renegociaciones ni cambios de modalidad. Exigimos que se respete el
acuerdo con Francia. Rechazamos la modalidad APP”, señalaron los firmantes del acta, al concluir la
reunión.
MENOS PRESUPUESTO
El problema se agravó por el recorte del presupuesto asignado para 2026. La PMO Vías solicitó S/ 1,250 millones para iniciar
la construcción del túnel Pariachi y la vía de evitamiento de Ticlio. El MEF
solo asignó S/ 190 millones, monto que los
dirigentes calificaron como insuficiente para cualquier avance real.
El representante
de la CGTP, Raúl Ariste, calificó el
recorte como un “hachazo presupuestal” en la reunión realizada en la Cámara de Comercio
de Huancayo.
La Comisión también arremetió
contra los congresistas por Junín, en especial Waldemar Cerrón e Ilich
López, a quienes acusaron de no defender el presupuesto del
proyecto pese a integrar la Mesa Directiva del Congreso.
El dirigente tildó a los
parlamentarios como traidores de la región, porque dejaron pasar la oportunidad
de defensa del presupuesto para el inicio de la construcción de la Nueva Carretera
Central.
Por ello, el Comité
Multisectorial fijó el 16 de febrero como fecha límite para una reunión con el
presidente José Jerí; la ministra de Economía, Denisse Miralles; y el ministro
de Transportes, Aldo Prieto Barrera, exigiendo garantías para cumplir el
cronograma original, que proyecta la culminación de la autopista en 2031.
Además, solicitaron
la destitución inmediata de la directora de
Provías Nacional, Claudia
Dávila, a quien
responsabilizan por la falta de solvencia técnica y legal en la conducción del
proyecto.
SE VIENE EL PARO
Las
organizaciones sociales advirtieron que no aceptarán más dilaciones. Si el
Gobierno no reafirma el contrato con la PMO Vías ni garantiza el presupuesto
multianual, la macro región centro iniciará paros, movilizaciones y protestas para defender
la vía que conectará seis regiones con Lima y la posibilidad de la salida de
productos al puerto de Chancay.
El acta suscrita por
autoridades regionales, alcaldes, gremios y organizaciones sociales establece
los siguientes acuerdos: Exigir
el cumplimiento estricto del cronograma de ejecución de la nueva
carretera Central; ejecutar
de manera inmediata el túnel Pariachi y la vía de evitamiento de Ticlio; cumplir de forma irrestricta el
acuerdo de Gobierno a Gobierno con el Estado francés y mantener el
contrato de asistencia técnica con la PMO Vías.
Asimismo,
rechazar la ejecución del proyecto bajo la modalidad de Asociación
Público-Privada (APP); restituir y respetar la asignación presupuestal de S/
1,200 millones para el presente año fiscal; exigir la destitución
inmediata de la directora de Provías Nacional; solicitar una reunión urgente
con el presidente de la República, y los ministros de Economía y Transportes; e
impedir el aislamiento de La Oroya por la vía de evitamiento al
considerarla estratégica para la integración regional.
